"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí

sábado, 21 de noviembre de 2015

Conflictos actuales que podrían sumergir al mundo en la Tercera Guerra Mundial

Publicado: 22 nov 2015 02:19 GMT

Buques de EE.UU., India, Japón y Australia y Singapur en la Bahía de Bengala / Dominio público

Diferentes conflictos que se desarrollan hoy en día en diversas partes del mundo podrían tener consecuencias irreversibles para la seguridad y la paz internacional. La revista estadounidense 'The National Interest' ha elaborado una lista de focos de conflicto actuales que podrían llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial.

Ninguna guerra global surge de la nada y siempre hay una 'chispa' que hace que se desarrolle un conflicto u otro, destaca la revista estadounidense 'The National Interest'. Para dar a conocer los focos que serían capaces de llevar al mundo a una nueva guerra universal, la publicación ha enumerado una lista de cinco conflictos actuales que suponen un peligro real para toda la comunidad internacional.

Guerra en Siria

El primer puesto lo ocupa el conflicto en Siria: el crecimiento del Estado Islámico despierta preocupación por parte de la mayoría de las potencias mundiales, Rusia, EE.UU. y Francia incluidos. A pesar de que el objetivo final que tienen los países que luchan contra la organización terrorista sea el mismo, sus visiones sobre el futuro de Siria son distintas. Además, la lucha activa entre las fuerzas exteriores en Siria pueden atraer fácilmente a otros países, como por ejemplo Irán, Turquía o Arabia Saudita, informa la fuente.

Conflicto entre la India y Pakistán

Otro foco abierto es el conflicto entre la India y Pakistán, que puede agudizarse en cualquier momento. Así, si los grupos radicales financiados por Pakistán realizan algún atentado en la India, esta no tardará en responder. Y si Pakistán sale perdiendo, es posible que recurra a armas nucleares tácticas, haciendo que EE.UU. y China también formen parte del conflicto.

Disputa en el mar de China Oriental

El conflicto entre China y Japón en el mar de China Oriental gira en torno a las islas Senkaku: ambos países pretenden tener el dominio sobre las islas y han desplegado fuerzas armadas en la región. Si la situación sufre una escalada, EE.UU., que tiene un acuerdo con Japón, tendrá que intervenir y el conflicto podría irse de las manos peligrosamente. 

Tensión en Asia Oriental

Como cuarto factor, la publicación menciona las disputas en el mar de China Meridional, donde se enfrentan las fuerzas de EE.UU. y China. Si una de las partes llega a perder el control, presenciaríamos consecuencias terribles de una guerra entre EE.UU. y China, en la que además podrían participar Japón y la India, sostiene.

Guerra civil en Ucrania

Por último, la revista menciona la guerra en Ucrania, que depende en gran parte de la participación que puede tomar en el conflicto la OTAN. Así, si la organización decide intervenir, Rusia podría tomar medidas en consecuencia, lo que llevaría a acciones militares directas.

Como conclusión, 'The National Interest' destaca que los líderes de las potencias mundiales deberían darse cuenta de que no se puede jugar a la guerra. Del mismo modo, sostiene que hay que estar atentos e intentar evitar escaladas en los conflictos actuales.

Autoridades de la Isla al tanto de la situación de los cubanos en Costa Rica

Escrito por Granma Sábado, 21 de Noviembre de 2015 09:35

LAS AUTORIDADES CUBANAS SE MANTIENEN AL TANTO

Según fue confirmado a Granma, las autoridades cubanas se han mantenido en contacto permanente con los gobiernos de los países implicados, con el propósito de encontrar una solución rápida y adecuada, que tome en consideración el bienestar de sus ciudadanos.

La Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior de la Can­ci­llería cubana aseguró a este diario que la Embajada en San José, Costa Rica ha estado permanentemente pendiente de los cubanos que se encuentran varados desde la semana pasada en ese país.

Asimismo, la misión diplomática ha respondido a los requerimientos de las autoridades mi­gratorias ticas, facilitando la documentación de aquellos cubanos que no la poseen.

Una declaración oficial del Minrex publicada el pasado martes indicó que los ciudadanos que hayan salido legalmente del país y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a Cuba, sí así lo desean.

Los medios locales en Costa Rica reportan que el número de cubanos que arriban a sus fronteras continúa aumentando y ya suman cerca de 2 500, pero han sido alojados en refugios y cuentan con la ayuda de la Cruz Roja.

Por otra parte, el Ejército de Nicaragua auxilió a varios de ellos que fueron engañados por traficantes de personas para cruzar de manera ilegal la frontera por puntos ciegos.

En horas de la tarde noche del jueves y madrugada del viernes, la institución militar asistió a 54 cubanos, entre ellos algunos niños, que se en­contraban perdidos en la zona selvática del mu­nicipio de Cárdenas, en Rivas, reportó el sitio digital La Voz del Sandinismo.

Los emigrantes fueron atendidos y luego re­tornados a Costa Rica.

Las autoridades nicaragüenses se negaron el pasado domingo a permitir la entrada a su territorio de un numeroso grupo de cubanos en situación irregular, a los que se les había otorgado un salvoconducto por territorio tico, pues lo consideró un intento de trasladar el problema a sus fronteras sin una consulta previa. Desde entonces defiende la posición de encontrar una solución coordinada.

La reunión del próximo martes en San Salvador buscará precisamente eso. Cuba, por su parte, ha reiterado su compromiso con una emigración legal, segura y ordenada.

Emigración cubana ilegal: las dimensiones de una crisis



Foto: La Nación


La crisis de los emigrantes cubanos varados en Centroamérica tiene dos dimensiones políticas: una permanente (si se toma como tal la institucionalización de una relación hostil entre Cuba y EE. UU. por más de 50 años), y otra temporal (la actual crisis en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua). La responsabilidad del gobierno norteamericano en esta crisis tiene las mismas dimensiones.

La permanente es que a pesar del llamado del presidente Obama al Congreso para terminar una política ilegal, inmoral y contraproducente; EE. UU. sigue aplicando contra Cuba una política de embargo/bloqueo que agrava las consecuencias del ineficiente modelo económico y político cubano. La temporal se refiere a la renuencia del ejecutivo estadounidense a participar, de modo proactivo y directo, en la búsqueda de una solución a la tragedia que tiene lugar en territorio centroamericano.

Como remedio a las consecuencias de la institucionalización de la hostilidad en la política de embargo/bloqueo contra Cuba, existe la Ley de Ajuste Cubano desde 1966. Esa ley ha normalizado el status migratorio para muchos cubanos que, según la narrativa oficial estadounidense, escapan de intolerables violaciones de sus derechos humanos, ameritando un tratamiento especial en el conjunto de emigrantes a nivel global.

Un componente agregado a esa hostilidad ha sido el programa especial para la emigración de personal de salud. El mismo fue creado por la administración Bush para supuestamente ayudar a la liberación de médicos y enfermeras, que trabajan en terceros países en condiciones de “esclavitud” o “semi-esclavitud”.

Para cualquier observador imparcial, esas premisas son manipuladas exageraciones sesgadas aun en los casos en que se puedan encontrar desviaciones de los estándares internacionales de derechos humanos y prácticas de contratación. EE. UU., sin embargo, ha convertido esas exageraciones en el centro de su diagnóstico sobre Cuba antes y después del 17 de Diciembre de 2014. Desde esa fecha, la política hacia Cuba del presidente Obama ha avanzado mucho en el desmontaje de la imagen de la Isla como amenaza a la seguridad de EE. UU. (sacó a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo). Pero el discurso oficial estadounidense sobre la situación política interna cubana sigue ajustado a los patrones de la propaganda política de la Guerra Fría.

Por ejemplo, es irracional pero se mantiene la descripción de Cuba como una sociedad cerrada. ¿Un país cerrado que recibe millones de turistas, se abre a la inversión extranjera y desde la reforma migratoria de 2013, permite a la mayoría de sus ciudadanos viajar y regresar sin permiso de salida alguno? Es necesaria una revisión de tal distorsión, reforzando la idea de una nación en transformación ante la cual se impone una política de intercambio, diálogo, comercio y amplia interacción sin trabas ancladas en el deseo de un cambio de régimen por desesperación e imposición desde el exterior.

Además de esos factores estructurales, la administración Obama tiene su cuota de responsabilidad en esta crisis en Centroamérica. No la gestó, pero si ha actuado con negligencia y demora en ejercer su autoridad sobre varias instituciones que responden a la política exterior estadounidense.

Es evidente que desde hace unos meses hay una campaña en los medios de Miami, la mayoría privados o financiados a través de la USAID y la National Endowment for Democracy (NED), pero también en Radio y TV Martí (financiados por el gobierno federal) en la cual se alienta una estampida de migrantes como la que estamos viendo dada la preocupación por un fin súbito de la Ley de Ajuste Cubano.

La falsedad es alimentar la percepción de una puerta que se cierra de golpe para la emigración cubana en EE. UU.; aunque ese no sea el caso. La eliminación de ese estatuto no es hoy la prioridad ni de la administración Obama ni de ninguno de los liderazgos en el Congreso, incluyendo el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, que ya ha dicho que nada referente a la emigración va a ser propuesto en tanto Obama permanezca en la Casa Blanca.

Pero lejos de dedicarse a proveer información fidedigna para contrarrestar el monopolio del gobierno cubano sobre los medios de comunicación como proclama su mandato, Radio y TV Martí funcionan como instrumentos de propaganda, y desinformación, en línea con la preferencia de la maquinaria política del exilio cubano de derecha por todo lo contencioso y desestabilizador hacia la Isla.

Por razones de política interna, la administración Obama ha tolerado la continuación en Radio/TV Martí de la misma línea política que procura desestabilizar el orden político cubano por todos los medios a su alcance. Aunque esa línea está en contradicción hoy con la postura de la Casa Blanca de promover “una emigración legal, segura y ordenada”, sigue usando una radio y televisión a disposición de la rama ejecutiva. De esa forma, se sabotea la nueva política hacia Cuba, e incluso se promueven candidatos republicanos como Marco Rubio y Jeb Bush al interior de los EE. UU. La esperanza poco ocultada es que la contradicción planteada se resuelva poniendo no a Radio Martí en línea con la Casa Blanca, sino promover un cambio en la Casa Blanca que retorne a la política que Bush desarrolló y que el presidente Obama, ya desde el 17 de Diciembre, abandonó con claridad.

El gobierno cubano por décadas ha denunciado tanto la Ley como el programa para médicos como ofensas a la soberanía cubana. En la práctica, sin embargo, la aplicación de la Ley ha servido como válvula de escape para descontentos cubanos, que han surgido no solo por la política de acoso estadounidense sino también por al manejo ineficiente y el deterioro en la legitimidad del modelo político y económico como forma de solución a las necesidades más precarias de la población cubana y satisfacción de sus expectativas de desarrollo.

En ningún conflicto que haya durado 50 años es posible dividir a los contendientes en ángeles y demonios. Si no hubiese Ley de Ajuste, el flujo de cubanos jóvenes emigrando hacia EE. UU. sería menor; pero no se detendría, pues sus razones no son solo de atracción en el destino, sino también de empuje en el origen. La diferencia es, quizás, que se crearía un segmento de emigración indocumentada o paralizada de viajar a Cuba por cinco años, una vez aceptada en EE. UU. según los requerimientos del status de refugiado político. Los gobiernos y actores políticos responsables deben preguntarse si ese escenario, sin cambiar nada más, es mejor que el actual para los intereses y valores ambos países. Mi opinión es que no.

La crisis de los emigrantes cubanos varados en Costa Rica no debe desperdiciarse como oportunidad para que las partes atiendan a las raíces del problema.

Cuba, como país, necesita reformas estructurales —más amplias que las efectuadas hasta ahora— en las que la meta del desarrollo económico y la ampliación de oportunidades para sus jóvenes prevalezcan sobre cualquier otro interés. La responsabilidad de Cuba con sus hijos varados en Costa Rica no se agota con el argumento de que salieron legalmente del país. Si incluso fueran irresponsables seducidos por la política estadounidense, son sus irresponsables, los de Cuba, no los de Costa Rica, ni de Nicaragua, ni de EE. UU. Es tiempo de superar de una vez la falsa separación nación-emigración. Los emigrados son parte de la nación, independientemente de sus coincidencias o disidencias con la visión oficial. La soberanía del país y el derecho a ser tratado y protegido como ciudadano pertenecen a todos sus integrantes.

Del lado estadounidense se impone el desmontaje total de una política inmoral y contraproducente, ajena a los intereses de Cuba, del propio EE. UU. y de toda la región. En el corto plazo, por lo menos, la administración Obama podría desmontar el programa que incentiva la deserción de médicos en misiones de salud global. Es difícil decir que Washington no puede hacer nada por los varados en Costa Rica, cuando el personal de salud favorecido por el programa promotor de deserciones es atendido directamente en las embajadas estadounidenses en terceros países.

También la Casa Blanca y el Departamento de Estado podrían imponer orden y racionalidad en los programas de la USAID, Radio y TV Martí desde donde —en este asunto de la migración y en otros— se exhibe con impunidad una segunda agenda de política exterior por cuenta propia, al margen —a veces en abierta contradicción— del nuevo rumbo de distensión y reconciliación trazado por el Presidente y el Secretario de Estado John Kerry.

Es hora de que el presidente Obama nombre en esa emisora y los programas de la USAID a algún director con la simple tarea de hacerle saber a sus empleados que la política de EE. UU. hacia Cuba cambió y que aquellos no dispuestos a enterarse, tienen todo el derecho a abogar por sus ideas, pero eso sí, sin el dinero ni la responsabilidad oficial asociada al gobierno.

VEA como le contestó Chávez al argentino Macri en el 2003 (VIDEO)



LAIGUANA.TV – En el año 2003 el entonces Presidente Hugo Chávez rebatía al ahora candidato a la presidencia de Argentina, el derechista Mauricio Macri, la posición de éste en la que insistía que la política no debe basarse en hechos del pasado, sí en cambio enfilarse al futuro.

“Estamos todos con la idea de sacar a Argentina a adelante y todo el mundo en la campaña atiza a querer volver atrás”, le dijo Macri en esa oportunidad al Comandante Chávez en el programa de “Almorzando con Martha Legrano” del canal 9 argentino.

El discurso político y la inteligencia del Comandante Chávez no se hicieron esperar, y esto fue lo que contestó:

“No se puede manejar en el presente sin entender el pasado, todo ese pasado neoliberal que nos vendieron y vendieron en la Argentina y mira como ha terminado”, golpeó la zurda de Chávez al neoliberal, hoy candidato de la derecha en Argentina, Mauricio Macri.

Un poco más tarde en este video retro, Chávez contesta a la presentadora Legrano la pregunta de por qué no subsistir casi felices la derecha y la izquierda, a lo que el Gigante respondió: “Está escrito en la Biblia, tú no puedes estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo, el que trate de estar bien con Dios y con el diablo, se vuelve loco”, noqueó el Comandante.

Dicen que recordar es vivir… Chávez vive.



Cuba celebra evento hemisférico por derrota del ALCA

La Habana, 21 nov (PL) Representantes de movimientos sociales latinoamericanos participan hoy en el Encuentro Hemisférico: derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (AlCA) 10 años después, que se celebra en esta capital.

Durante las sesiones, académicos y líderes de sectores progresistas del continente reafirman su condena a los mecanismos de dominación económica y las políticas neoliberales.

El ALCA fue el proyecto estratégico más importante de Estados Unidos luego de la caída de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética en los años 1989 y 1991 respectivamente, según fuentes especializadas.

Las mismas agregan que este mecanismo de dominación comercial tenía como objetivo reubicar geopolíticamente a la región bajo el control norteamericano en los ámbitos financiero, económico, jurídico, cultural y militar.

El encuentro hemisférico por el décimo aniversario de la derrota del ALCA sesionará hasta mañana y contará con la participación de representantes de una veintena de países del continente.

TTIP. El asalto de las multinacionales a la democracia (Reseña del libro de Adoración Guamán; Akal, Madrid, 2015, 192 págs.)

AUTOR: Gabriel Moreno Gonzalez y Adoracion Guaman



No ya nuevos fantasmas, sino verdaderas amenazas reales, recorren Europa. Una ola de rechazo se levanta cada vez con mayor intensidad desde todos los puntos del viejo continente frente a un Tratado que pretende crear el bloque comercial más grande del mundo. Y es que la base sobre la que se asienta son aquellos principios que, precisamente, subyacen a la crisis económica actual, al incremento de la desigualdad social y a la mercantilización de nuestras vidas. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés como TTIP, se lleva negociando (al menos oficialmente) desde 2013, en un clima de escandalosa desinformación y opacidad que despierta no solo los recelos, sino también las denuncias de las organizaciones y movimientos sociales que, aunados en toda Europa, intentan revertir la posible aprobación de lo que comienza a denominarse como “OTAN económica”.

El TTIP viene a impulsar con inusitada fuerza, desde el propio corazón de occidente, el ya de por sí largo proceso de liberalización de la economía mundial, que ha venido a su vez acompañado de una respuesta contundente de la sociedad civil a lo largo del globo. Una nueva “geopolítica de la resistencia” se ha ido así conformando a nivel mundial, desde las multitudinarias protestas de Seattle contra la OMC en 1999 a la creación de los Foros Sociales, pasando incluso por contestaciones directas, como la acaecida con la sublevación del EZLN frente a la zona norteamericana de libre comercio (NAFTA). Resistencias que no serían posible sin la existencia de un completo bagaje teórico detrás que desenmascare la enmarañada madeja del nuevo derecho económico de la globalización. La complejidad de los nuevos marcos normativos supranacionales, que tienen una incidencia directa en el desenvolvimiento de nuestras sociedades (y de nuestro bienestar), necesita de análisis profundos y rigurosos, que estudien las nuevas categorías, instrumentos y mecanismos del neoliberalismo global para poder hacerle frente. La divulgación de estas nuevas realidades se antepone como una necesidad palmaria en los actuales escenarios de lucha por nuestros derechos. En este sentido, el desconocimiento actual de las consecuencias y de las previsiones del TTIP se yergue como la principal ventaja para su posible existencia. La ignorancia es el caldo perfecto de la pasividad, que bien tratada por parte de los grupos de poder, se convierte en una siempre temida indiferencia ciudadana, uno de los mayores peligros para cualquier sistema que pretenda ser democrático. Agitar las conciencias desde el conocimiento, alertar de los peligros de una nueva globalización institucionalizada, poner en evidencia el carácter antidemocrático y lesivo para los derechos sociales del libre comercio como dogma y, todo ello, con un lenguaje sencillo y a la vez riguroso, es uno de los principales logros del libro de la profesora Adoración Guamán.

TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia describe la trayectoria de los últimos impulsos liberalizadores y desmenuza el intento de consolidarlos en el viejo continente a través de un Tratado tan complejo e incierto como desconocido. El TTIP responde a un nuevo tipo de tratados de libre comercio, denominados de “nueva generación”, que van más allá de los clásicos tratados, aun incorporando los principales elementos de éstos. Y es que los de nueva generación no sólo buscan la eliminación de todas las barreras que dificulten el libre intercambio comercial en una zona determinada (arancelarias o no), sino que también pretenden la fijación de estándares normativos comunes a nivel internacional que acerquen los diversos marcos jurídicos a un mínimo denominador. Se trata, en consecuencia, de crear verdaderos mecanismos con finalidades regulatorias en un intento, como señala la autora, de reubicar el poder a una escala supranacional y lejos del control democrático que se sigue dando, aunque cada vez más de forma más tenue, en el Estado-nación.

Esta disolución de los vínculos entre soberanía y economía, más o menos fuertes en el Estado Social de posguerra, ha venido en buena medida auspiciada por la liberalización progresiva de las relaciones económicas al compás de la globalización y de su acompañamiento jurídico-institucional. Si en un primer momento el proceso de liberalización comercial se llevó a cabo, y se intentó profundizar, desde acuerdos o instituciones multilaterales con vocación de universalidad (el GATT o la Organización Mundial del Comercio), el fracaso reiterado de algunos de sus objetivos y la puesta en entredicho en tales mecanismos de la supremacía de Estados Unidos, hizo que, desde esta potencia internacional, se primaran los acuerdos bilaterales o regionales donde su preeminencia quedara garantizada. El fiasco de las negociaciones de la Ronda de Doha en 2003, y el empoderamiento en esa década de las potencias emergentes, puede considerarse el punto de inflexión en esta postura de Estados Unidos y sus socios principales. De hecho, la apuesta del gigante norteamericano por Tratados regionales de menor expansión, pero mayor intensidad, ya se vislumbraba con la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de libre comercio con México y Canadá (NAFTA), que provocó una fuerte contestación por las consecuencias que podría acarrear para la clase trabajadora y que, de hecho, como hemos podido comprobar desde entonces, ha acarreado.

Ahora los esfuerzos parecen centrarse en las dos principales economías del planeta, Estados Unidos y la Unión Europea, que abarcan más del 30% del comercio mundial. Liberalizar los intercambios comerciales, de bienes y servicios, reducir los obstáculos arancelarios y normativos, y crear mecanismos de resolución de controversias para las grandes multinacionales, constituyen los puntos principales del TTIP. Si bien la creación de un área de libre comercio, con la eliminación de los aranceles y barreras de efecto equivalente ya existentes, es de por sí temible al ampliar un modelo de liberalización supranacional que ya ha demostrado su incidencia en los derechos sociales a nivel europeo, es el segundo gran pilar del TTIP, a saber, la llamada “cooperación reguladora”, el que se erige en uno de las previsiones más amenazadoras para lo que queda del Estado social en Europa. Y es que, a diferencia de los clásicos tratados enmarcados en la OMC, el TTIP pretende acercar las regulaciones de ambos lados del Atlántico en materias tan dispares como la laboral o la medioambiental, con el objetivo siempre primordial de mejorar el rendimiento del libre mercado, ahora ampliado. De hecho, el TTIP recoge incluso la creación para tal fin de una institución ad hoc, el Consejo de Cooperación Reguladora, el cual, bajo la égida del tecnicismo y del conocimiento de los arcanos de la economía, se convertiría en un mecanismo de difícil adecuación democrática que, saltando a los Estados y sus instrumentos clásicos de representación, impondría la homogeneización y convergencia de estándares normativos entre los dos bloques.

En este sentido, la experiencia, y aun la propia carga teórica (neoliberal) que da sustento a los procesos de liberalización, nos demuestran que entre dos ordenamientos asimétricos que convergen siempre prima el menos proteccionista. Así, donde uno de ellos es más débil de cara a la protección de los derechos sociales y más “fuerte” en cuanto a sus potencialidades puramente mercantilistas, y otro es más proteccionista y presenta mayores dificultades para el pleno desenvolvimiento de las fuerzas productivas desde la óptica del libre mercado, la balanza siempre se tiende a inclinar en favor del primero, es decir, del minimum que garantiza mayores réditos de acumulación para los agentes privados. La cooperación reguladora y la integración comercial servirían para nivelar, a la baja, los sistemas de protección social europeos con el fin de adecuarlos a los estándares de Estados Unidos (menos garantistas, evidentemente), puesto que ello sería más funcional al propio proceso de liberalización subyacente y a la ideología que le da cobertura. Prácticas como el dumping social o las privatizaciones masivas de sectores públicos, que ya de por sí tienen cabida en el seno del proceso de integración europeo, ahora se verían amparadas jurídicamente en un nivel superior por un nuevo marco normativo muy alejado de los Estados y, por supuesto, de los ciudadanos.

Al mismo tiempo, el TTIP contempla la creación de un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS), por el cual, ante el posible incumplimiento de algunas de las previsiones contenidas en el Tratado y en la normativa derivada de la nueva zona de libre comercio, los agentes privados pueden demandar al Estado incumplidor ante un órgano de arbitraje que, con una burda apariencia de jurisdiccionalidad, se encargaría de aplicar las normas y regulaciones a las que está sometido… entre las que no figuran, claro está, ningún catálogo de derechos sociales a nivel transatlántico. Por tanto, un mecanismo con difícil encaje democrático y de pretendida, sin serlo, naturaleza jurisdiccional, tendría en sus manos la resolución de posibles nacionalizaciones, expropiaciones o cambios normativos por parte de aquellos Estados que, en uso de su soberanía, así lo decidieran. Como la experiencia nos demuestra en el caso del CIADI, la porosidad de tales mecanismos de arbitraje y sus estrechos vínculos con el mundo de la lex mercatoria internacional, amén de su subordinación a una normativa puramente mercantilista, garantizan al inversor una situación de preeminencia y de trato favorable frente al Estado y su soberanía.

Las consecuencias para la democracia (y los derechos sociales que le son inherentes) de una posible aprobación del TTIP, como vemos, son más que preocupantes. A la amenaza teórica se suma la posibilidad política de su existencia, ante lo cual las mejores armas de rechazo son la razón y el conocimiento. Y para ello, la profesora Guamán despliega un arsenal teórico imprescindible que nos muestra de forma sencilla la pretendida complejidad de un nuevo armazón jurídico, el TTIP y sus instrumentos más controvertidos, que se presenta en un horizonte demasiado cercano como una de las principales amenazas para las mayorías sociales de los países europeos, sí, pero también como una posibilidad de contestación masiva de un continente que, aun siendo demasiado viejo, puede todavía despertar de su letargo.

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Gabriel Moreno González (Universitat de València)
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