"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí

miércoles, 4 de junio de 2014

Washington debe escuchar reclamo por antiterroristas cubanos

La Habana, 4 jun (PL) Washington debe escuchar el reclamo de justicia por los tres antiterroristas cubanos que aún permanecen en prisiones estadounidenses, pidió hoy Yadira Pérez, sobrina de Gerardo Hernández

Pérez intercambió con Prensa Latina sobre la importancia de la III Jornada de denuncia y solidaridad Cinco días por los Cinco, que se celebra desde este día 4 hasta el 11 en Washington DC.

"Es la tercera ocasión consecutiva que se realiza un evento de similar naturaleza y, sin dudas, este supera a los anteriores por el número de personalidades asistentes y por las acciones incluidas en el programa", precisó.

Además, dijo, porque la jornada -que organiza el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco- ocurre "en un momento crucial, cuando son más y más las personas que tanto dentro como fuera de Estados Unidos andan solicitando un cambio en la política del gobierno de ese país hacia Cuba".

Si se le diera una solución humanitaria al caso de los Cinco, si permitieran el regreso a su casa de mi tío y sus compañeros, sería una buena señal de que algo estaría cambiando, consideró Yadira, una joven de 29 años, "pero que no pasaba de los 13 cuando arrestaron a mi tío".

Lamentó que casi se cumplen 16 años de la detención de Gerardo Hernández junto a sus compañeros Ramón Labañino y Antonio Guerrero, así como de René González y Fernando González.

"Aunque René y Fernando se encuentran ya en Cuba, solo salieron de la cárcel después de cumplir sus sanciones, no se les regaló nada", acotó.

Sin embargo, bajo esas condiciones "mi tío no saldría jamás, estaría condenado a morir en prisión, porque le impusieron una doble cadena perpetua y 15 años más", enfatizó la joven.

"Creo que esas son razones suficientes para seguir luchando por la liberación de mi tío, así como de Ramón y Tony (Antonio)", puntualizó Pérez.

Más adelante confesó que su niñez estuvo marcada por este drama familiar, lo cual "ha sido duro, porque el 12 de septiembre de 1998 fueron arrestados los Cinco en Miami y apenas unos meses antes, en febrero, había muerto mi mamá".

No obstante, "él (Gerardo) siempre me habla con optimismo. Todo el tiempo transmite alegría".

Esa alegría que emana el Héroe cubano, la corroboró nuevamente Yadira cuando recibió una llamada telefónica mientras en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos la compañía infantil de teatro La Colmenita le regalaba una especial fiesta de aniversario a su tío, que hoy cumple 49 años y a Ramón, que el 9 de junio llega a sus 51.

"Él estaba contento porque andábamos con los niños. La familia ha crecido. Cuando venga, porque sé que vendrá, verá a nueve sobrinos nietos", subrayó Yadira Pérez, tras recordar que siempre ha tenido "mucha afinidad con este tío mío que me enviaba cartas con dibujos cuando yo era pequeña".

Los Cinco, como son conocidos estos hombres a nivel internacional, advirtieron sobre los planes violentos de grupos anticubanos asentados en Florida que se han dedicado a fraguar y financiar acciones terroristas contra el pueblo de la nación caribeña.

Harvard elimina la leche y demás lácteos de la dieta saludable

Los expertos en nutrición e investigadores de la universidad la realizaron una modificación de la pirámide alimenticia, basada en una nutrición sana, libre de la presión política y grupos de la industria que podrían verse afectados.

La Escuela de Harvard de Salud Pública eliminó la leche de su guía de alimentación saludable, llamada Healthy Eating Plate, sustituyéndola por agua, preferentemente.

Con esto, Harvard envió un mensaje fuerte al USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) y expertos en todo el mundo con el lanzamiento de su guía, misma que reemplaza la pirámide alimenticia.

Los expertos en nutrición e investigadores de la universidad la realizaron, basada en una nutrición sana, libre de la presión política y grupos de la industria que podrían verse afectados.

La mayor prueba de ello es la ausencia total de productos lácteos, debido a que “un alto consumo de estos alimentos aumenta significativamente los riesgos de padecer cáncer de próstata y cáncer de ovario”.

En su guía Healthy Eating Plate también mencionó que los altos niveles de grasas saturadas en la mayoría de los productos lácteos y los componentes químicos de su producción les hace un alimento para evitar.

Deben ser sustituidos por hortalizas como lechuga, coliflor, brócoli, entre otros, y granos de diversas especies, para producir el calcio necesario y de calidad.


http://m.vanguardia.com/

El gobierno busca nuevas formas de planificar


La decisión de hacer de la planificación la columna vertebral de la economía cubana volvió a asomar en una reciente reunión del Consejo de Ministros. La sesión gubernamental realizada en mayo analizó, tempranamente, datos para el plan del próximo año y aprobó las bases para un programa socio económico de largo plazo, inédito y más ambicioso que experiencias anteriores. El gobierno puso así sobre su mesa, más que la defensa de un principio político capital, la necesidad de solucionar una debilidad histórica del socialismo en Cuba.

Al presentar las directivas para elaborar el plan del 2015, el ministro de Economía, Adel Yzquierdo, aclaró que eran cifras preliminares, que tenían como propósito un crecimiento mayor de la economía. 

En otro tope cercano, el vicepresidente del Consejo de Ministros y líder del proceso de cambios denominado Actualización del modelo económico, Marino Murillo, comentó la intención de ampliar las inversiones extranjeras –hasta 2.000 o 2.500 millones de dólares- para llevar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) a un rango anual entre 5 y 7 por ciento. 

En esa oportunidad, Murillo reconoció que la tasa de crecimiento en los últimos tres años no ha rebasado el 3,2 por ciento. La previsión de 2014 es de 2,2 por ciento, muy por debajo del mínimo que el consenso de los economistas estima necesario para sostener el desarrollo de la nación: entre 6 y 7 por ciento.

Las declaraciones las hizo Murillo a principios de mayo, en una reunión del directorio del Banco Internacional de Inversiones (BII). Sus representantes aprobaron en La Habana un programa para modernizar esa entidad, creada en 1970 bajo la sombrilla del desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), bloque capitaneado por la ex Unión Soviética. Ese banco siguió funcionando a media máquina tras el colapso del CAME en 1991 y es el único organismo financiero multilateral al que Cuba puede solicitar créditos. Sus miembros actuales son Rusia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania, Mongolia, Vietnam, República Checa y Cuba.

El tema de las fuentes de financiamiento emergió un par de semanas después en la reunión de los ministros cubanos.

El gobierno de la mayor de las Antillas analizó entre las prioridades del plan del próximo año la producción de alimentos, la generación de electricidad, las inversiones, la circulación mercantil y las tendencias del empleo.

Pero la novedad de la sesión fue la aprobación de las bases para diseñar un Programa de Desarrollo Socio Económico que abarcaría del año 2016 al 2030. Volvería a pulsar Cuba, pero con plazos más vastos, la experiencia de los planes quinquenales –promovidos sin mucho éxito por el CAME-, abandonados cuando se desató en 1990 la crisis económica identificada como Período Especial.La pasada reunión del Consejo de Ministros aprobó las bases para confeccionar un programa de desarrollo que abarcaría 15 años.

Entre sus características, este nuevo plan trazaría “un escenario futuro que exprese, a través de indicadores de largo plazo, concretos y medibles, los objetivos, líneas estratégicas, fuentes de financiamiento, metas y brechas a superar”, informó Murillo al Presidente Raúl Castro y a los ministros e invitados de la reunión. 

Además de apuntar a un crecimiento más sólido del PIB, “que asegure el desarrollo con bienestar, equidad y justicia social”, este programa para 15 años defendería fundamentos sin cambios en el modelo de socialismo cubano; en primer lugar, la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción. 

De acuerdo con la nota publicada en el diario Granma, también buscaría eficiencia en todos los sectores, con despliegue de la ciencia, la tecnología y la innovación; transformar la matriz energética con mayor participación de las fuentes renovables; recuperar y modernizar la infraestructura del país; y asegurar la sostenibilidad demográfica.

Con estos pasos, el gobierno se propone cumplir el primer objetivo del documento rector de las transformaciones, aprobado en el 2011. El Lineamiento número uno de la política económica ratifica al sistema de planificación como “vía principal para la dirección de la economía nacional”, un principio respetado históricamente más por manuales y declaraciones oficiales que por la práctica gubernamental y empresarial. De hecho, ese mismo Lineamiento reconoce la necesidad de transformar los métodos de hacer y controlar los planes, además de tener en cuenta al mercado (2014).

¿Qué es el Estado de derecho?

Acerca de la concepción de un Estado de derecho, su aplicación a un país socialista, sus problemas fundamentales en el contexto cubano y los posibles caminos para alcanzar su consolidación trató a finales de mayo el espacio de debate de la revista Temas.


“El Estado de derecho lo defino como el estatus de la organización política del Estado y de la sociedad, una manera de comportarse ambos en un espacio geográfico determinado. Esta categoría ha tenido sucesivos ensanchamientos. Primero se habló de un Estado de derecho; luego, con el auge del capitalismo y la importancia del obrero, más la crisis de representación de los partidos, se denominó Estado social y democrático de Derecho. En la actualidad se emplea el concepto de Estado social y democrático de derecho y de justicia”, expresó (Teodoro) Yan Guzmán, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Colmada estaba la sala Fresa y Chocolate, del ICAIC. Muchas personas no alcanzaron asientos y optaron por acomodarse en la escalera o permanecer de pie al fondo del local.

“Me represento el Estado de derecho —continuó el ponente— con dos presupuestos: uno es la preeminencia de la ley y la Constitución, el segundo es la reafirmación de los derechos individuales y colectivos. Mientras que su finalidad es la consecución de la justicia”. Por lo tanto, resulta indebido considerar dicho Estado “como una mera referencia normativa”. Su existencia implica que tanto cualquier individuo como los funcionarios, las autoridades, tienen que respetar la Constitución y lo legislado.

En las naciones socialistas de Europa del Este y en Cuba el Estado de derecho fue sustituido por el principio de la legalidad socialista debido a la propia crisis que experimentó el Estado de derecho, categoría que corrió igual suerte que otras acuñadas por el liberalismo, que fueron desterradas del discurso político y combatidas desde el académico. De todas maneras, no creo que sea un problema de categorías o denominaciones, sino de contenido. Hoy los cubanos estamos llamados a devolverle su función a las instituciones, a la ley y a la Constitución; es decir, “a reinstitucionalizar el país”, apuntó Guzmán.

Junto con el profesor, esa tarde componían el panel: Joel Suárez, coordinador general del Centro Memorial Martin Luther King Jr.; Jorge Bodes, especialista en Derecho penal y miembro de la Unión de Juristas de Cuba; Salvador Salazar, periodista, autor de El Blog de Salvador Salazar, y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Como moderador fungía Rafael Hernández, director de Temas, quien a continuación solicitó a Suárez su criterio.

“Hablamos de un concepto liberal que representa avances sustantivos en el desarrollo de la humanidad; sin embargo, hoy todo indica que está en crisis en la vieja Europa. También existe una tradición dentro del pensamiento crítico, socialista, relacionado con el vínculo estrecho entre socialismo y democracia. Cuando pienso en el Estado de derecho me remito a en esa relación que debe darse entre la norma (el papel de esta es coercitivo, aunque necesario), la libertad y la justicia; todo eso atravesado por el horizonte de la igualdad”, opinó el invitado. Su labor al frente del Centro Memorial le ha permitido constatar en la práctica “cuán distante podemos estar o no de un Estado ideal de derecho en tanto la norma imperante da mayor o menor margen de libertad para la labor de una asociación”.

Jorge Bodes puntualizó que el Estado de derecho constituye “un sistema de normativas reguladoras de los derechos, las garantías, los deberes, el funcionamiento, estructura y órganos de la sociedad”; y que la máxima expresión de la ley es la Constitución de un país, sobre cuya base deben elaborarse las normas y reglamentos. No obstante, “una nación no se convierte en un Estado de derecho solo por tener una Constitución”. Es indispensable regular para que todo el mundo sepa cómo debe actuar, pero esas reglas tienen que ajustarse a la ética, a principios que permitan un adecuado ejercicio de las libertades individuales y colectivas.

Y añadió: “Muchas veces nos preguntan si tenemos un Estado de derecho en Cuba. Bueno, si el Estado se rige por normas, hay principios de igualdad, y los funcionarios y las organizaciones tienen que someterse al imperio de la ley, entonces sí se puede hablar de su existencia”. De igual modo considera que indudablemente ocurre una interacción entre la política y el Estado de derecho. La primera “es el factor más activo, en el sentido de que puede propiciar una serie de cambios, perfeccionamientos, ajustes, que a lo mejor no son de inmediato los que aspiramos, sino que están condicionados por las circunstancias actuales del país”.

De acuerdo con Salvador Salazar, él no está tan seguro de que en la Isla alguna vez imperara un Estado de derecho, pues “estamos acostumbrados a una práctica que viene desde la colonia: la ley se acata, pero no se cumple”.

Otro aspecto fundamental del Estado de derecho es la posibilidad de que el ciudadano común gobierne a través de sus representantes. En teoría esto sucede en Cuba, “donde las antiguas clases subalternas han accedido al poder”. Pero “no basta con entregar el control de determinados medios de producción a esas clases sociales para que automáticamente surja un nuevo modo de pensar y un nuevo Estado de derecho. Este es un proceso que se extiende en el tiempo”. Entre el enunciado teórico “y el horizonte hacia el cual debemos dirigirnos yo ubico a Martí y su visión de una república con todos y por el bien de todos, donde se respeten los deberes y los derechos de cada uno de los ciudadanos”, afirmó Salazar.
Irrespeto a la ley

¿Cuáles son los principales problemas que afectan la consolidación de un Estado de derecho en la Cuba actual?, preguntó Rafael Hernández. Seguro en ese momento cada uno de los asistentes -incluidos los extranjeros, pues esta no es una problemática exclusiva de la Isla- conformó en silencio una lista de situaciones indeseables.

“La Constitución debe ser una norma de aplicación directa, un referente suficiente para los ciudadanos y cualquier actor político que necesite argumentar o defender un derecho o una posición jurídica frente al Estado o frente a otro individuo”; sin embargo, no ocurre así. Además, “otro problema relacionado con el ordenamiento jurídico es el desplazamiento del poder de la ley, esta ha perdido en Cuba el valor que tenía hasta los años 80, ha cedido su espacio a disposiciones de menor rango, como los reglamentos y decretos”, intervino Yan Guzmán.

A su inventario de dificultades el académico agregó: “El Estado cubano sigue apostando por la afirmación e irrenunciabilidad de los derechos sociales, pero la ampliación de los de carácter político continúan siendo un reclamo en el país”. En ello incide, entre otros aspectos, que “dentro de la concepción originaria del Estado de derecho las potestades de los ciudadanos eran oponibles al Estado; no obstante, cuando triunfó la Revolución sustentada en la teoría marxista-leninista los derechos del individuo fueron considerados la consagración de la fusión del Estado con la clase que trataba de defender”. Eso ha tenido un costo. Joel habló sobre equilibrar justicia, igualdad, libertad; Salazar propuso rendir culto al pensamiento martiano. Todos tenemos claras las metas, pero no la manera de equilibrar todo eso en un Estado como el cubano, con sus contextos políticos, históricos, sociológicos y económicos.

Aún más le preocupa el hecho de que “la Revolución —un proceso de tal magnitud que constituyó fuente de producción de sentido de vida para la mayoría del pueblo cubano— fue creando un orden que encuentra en el Estado no solo un instrumento sino el lugar de encarnación. La ecuación de que socialismo es igual a Estado constituye entonces un problema, porque si la Revolución, resultado de la voluntad del pueblo, en el imaginario , es la medida de todas las cosas, esta cualidad la recibe el Estado y lo coloca de hecho por encima de la ciudadanía, del pueblo, que en última instancia es el soberano”.

Reclamo de numerosos juristas es la creación de un sistema de control constitucional, planteó Jorge Bodes. Urge instituir un órgano donde quienes sientan “que sus derechos constitucionales han sido soslayados puedan plantearlo”. En el capitalismo esa función la cumplía, de modo imperfecto, una Sala Constitucional que mostró su ineficacia cuando Batista dio el golpe de Estado de 1952. “Actualmente la Fiscalía es la encargada del control de la legalidad, pero sufre una dualidad, porque, además, recibe orientaciones directas del Consejo de Estado y ejerce la acción penal. Determinadas situaciones no encuentran solución ni siquiera dentro del sistema de apelaciones y recursos. Ningún recurso dice qué hacer cuando se ha violado algún principio o derecho constitucional”.

Salvador Salazar indicó dos retos importantes: “Cuba vive en un contexto de contingencia plena, de plaza sitiada; con todo, tal circunstancia no justifica que las leyes se incumplan”. Tampoco sirve de escudo para ocultar información, con el pretexto de que ofrecerla es dar armas al enemigo, razonó el panelista. “A mediano y largo plazo ese silencio se vuelve un problema gigantesco porque no puede haber cumplimiento de la ley si falta transparencia informativa por parte de las instituciones y la fiscalización a partir de los medios de comunicación masiva. Un Estado de derecho no puede existir sin ciudadanos, en el sentido más abarcador de la palabra, con determinadas competencias para fiscalizar y ejercer el poder. Este es uno de los grandes asuntos por resolver”.

En el auditorio algunas personas mencionaron diversas limitantes: la legislación civil se halla incompleta; no se promulgan leyes solicitadas por diversos sectores, entre ellas la de municipios, la de Asociaciones y la de Prensa; varios acápites dela Constitución van quedando desfasados en relación con las transformaciones económicas acaecidas en el país; la mayoría de los cubanos desconoce el texto de la Ley de leyes y cómo reclamar sus derechos; las leyes emitidas por la Asamblea Nacional pueden ser modificadas por decretos emitidos por el gobierno; no se cumple la definición de que “Estado de derecho es aquel en el que las normas se originan en un órgano representativo y todos los sujetos y actores sociales, incluido el propio Estado, se subordinan a la norma”.

Otros asistentes preguntaron sobre la influencia del modelo soviético en la actual Constitución cubana, el vínculo entre Estado de derecho y democracia, y qué pudiera aportar a la Isla el Nuevo constitucionalismo latinoamericano.

Antes de proponer —pregunta ya tradicional en los debates de Último Jueves— qué hacer para solucionar los problemas discutidos, los especialistas comentaron algunas de las inquietudes del público.

Es cierto que la Constitución proscribe la explotación del hombre por el hombre y que hoy en el país la existencia de propiedad privada puede conducir a situaciones propias de explotación; pese a ello, el asunto necesita una relectura, si en el trabajo por cuenta propia se garantizan todos los derechos sociales del trabajador, no asistimos a una explotación, razonó Yan Guzmán. Le parece más neurálgico determinar “hasta qué punto la actual urgencia económica riñe con la necesidad de socializar la agenda política, algo que tiene que ver con el principio de soberanía popular”. Para él, además, “no hay democracia sin Estado de derecho y no hay Estado de derecho que no sea democrático”. Por último recordó que hace unos años la Asamblea Nacional aceptó el procedimiento de modificar la ley mediante decretos leyes; “desde entonces es legal que esto ocurra, ahora bien, que resulte legítimo es cuestionable”.

“Quiero ampliar un poco lo dicho por Yan —manifestó Jorge Bodes—. Los decretos leyes los dicta el Consejo de Estado, que representa a la Asamblea Nacional entre los períodos de sesiones; todas las decisiones adoptadas por él tienen que ser ratificadas luego por la Asamblea. Los diputados llegaron a la conclusión de que si el Decreto Ley iba después a la propia Asamblea y esta lo ratificaba no había ninguna anormalidad en que tuviera el mismo valor que la ley”.

Tanto Bodes, como Salvador Salazar reconocieron la influencia ejercida por la URSS, y por rezagos del estalinismo, en la Constitución cubana. No obstante, el segundo especificó: “Nuestra cultura verticalista es parte de la predominante en todos los regímenes del siglo XX. La sociedad liberal ha tenido una postura extremadamente verticalista, en relación con el desarrollo, el cambio social”.

Empeños posibles y aspiraciones irrenunciables

Sin olvidar el contexto específico de Cuba, disímiles acciones podrían realizarse a favor de un Estado de derecho. Yan Guzmán coincidió con Bodes en la petición de crear mecanismos eficaces de control de la Constitución, que permitan al ciudadano acceder a la justicia de la manera más expedita posible. E insistió en “darle importancia a la ley, esta no debe seguir cediendo su espacio a otras normativas”. Asimismo, abogó por un Parlamento más pequeño, con mayor especialización y en el cual la representación social sea diferente a como la actual Constitución la prescribe. “Si respetamos los términos vigentes, entonces solo hablaríamos de organizaciones sociales y de masas. Hoy la sociedad cubana es diferente, más compleja”.

Entre los deseos del disertante se halla contar con espacios de debate eficaces. Se han dado pasos con el objetivo de socializar la ley, la agenda política, por ejemplo la masiva discusión del Código de Trabajo y de los Lineamientos, aceptó. Empero, no está satisfecho; se debe avanzar en la cultura del debate, en dominar los procedimientos idóneos para debatir. Finalmente reflexionó sobre la importancia de la cultura jurídica: “En el acta de constitución del gobierno revolucionario de Santiago de Cuba [en enero de 1959], Fidel habló sobre restituir el Estado de derecho. Dicho Estado —que el disertante prefiere acotar como “social de derecho y justicia”— conlleva respeto a determinadas formalidades jurídicas, que tienen una funcionalidad y una logicidad. Las instituciones, el Partido, tienen que desempeñar un papel importante en este sentido”.

Joel Suárez considera que debiera aprovecharse la contribución del republicanismo democrático que entronca con la tradición socialista. Y recalcó la urgenciade la necesidad de ampliar y profundizar la soberanía popular, teniendo en cuenta que el proyecto político de la Revolución cubana ha estado impulsado por “líderes carismáticos que debido a razones biológicas en el futuro ya no van a estar. ¿A dónde irá el país cuando falten sus dirigentes históricos? La Revolución nos dio capacidades y habilidades que nos permiten asumir los destinos de Cuba. Cuando la centralidad de las modificaciones en la Isla recaen en el terreno de la economía, y hemos tenido que recurrir a formas de relaciones mercantiles que llevan implícita el interés por la maximización de la ganancia, y el lucro se ha construido a costa del sacrificio de los seres humanos y la naturaleza, más que nunca, las decisiones relacionadas con el destino de la nación no pueden ser controladas por unos pocos; tienen que estar en manos de cada uno de nosotros”.

El panelista propuso estudiar experiencias que hoy se aplican en América Latina, con avances y retrocesos, por ejemplo, las comunas en Venezuela. Ellas pudieran contribuir “a hallar fórmulas de manera que cubanos y cubanas tengan mayor protagonismo en el destino de sus vidas”. Asimismo, instó a convocar a una Constituyente para que todos los cubanos participemos en la anunciada reformulación de la Constitución. Aclaró que no se refería al proceso tradicional en esos casos —porque ante todo él no cree en las supuestas virtudes del pluripartidismo—, sino a una fórmula novedosa que permita a los ciudadanos participar “de manera creativa y vinculante en la conformación de las reglas del juego”; y que exista una relación imperativa entre los electores y los representantes que reciban el encargo para tan significativa tarea.

Además de concordar con Suárez en lo referido a la necesidad de perfeccionar la Constitución, y sugerir “utilizar más los órganos colegiados para tomar decisiones”, Jorge Bodes aseveró: “Ya se trabaja en ese perfeccionamiento; se están analizando el Código penal y otras leyes. Han surgido muchas objeciones, algunas de ellas poderosas y con distintos puntos de vista”.

Diversas instituciones, entre ellas la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y la UPEC, han hecho estudios sobre qué elementos deberían tenerse en cuenta a la hora de redactar una Ley de prensa que regularía los derechos de los periodistas y los directores de los medios de comunicación para exigir información a los poderes públicos, informó Salvador Salazar.

En cuanto a cuál Estado de derecho debe desarrollarse en Cuba, él no estima válidos ni el que existía antes de 1959 ni el que rige en las democracias occidentales, donde “algunas personas viven extremadamente bien, pero a costa de la explotación sistemática del resto de la gente”. Prefiere seguir creyendo en el socialismo y al mismo tiempo no perder de vista que “solo puede ser verdaderamente democrática la sociedad y existir un Estado de derecho si articulamos una estructura de poder lo más reticular, horizontal, posible. Hay que dejar atrás el modelo de sociedad estrictamente vertical donde las decisiones se toman en un lugar y luego se trasmiten a la base. Muchas peculiaridades —locales, raciales, religiosas, culturales— de la sociedad cubana del siglo XXI resultan diferentes a las de hace unas décadas, y la legislación precisa asignar espacios de libertad para los distintos sectores y fijar nuevos derechos y deberes”.

Mientras llega la reforma parcial de la Constitución, o la Constituyente, “hay que darle poder al Parlamento cubano, este debe expresar la pluralidad y el sentir de la nación, eso hoy no se logra. ¿Por qué no trabaja todo el año, estudiando, debatiendo y promulgando las leyes? Sería un buen camino para avanzar hacia ese horizonte que deseamos”, opinó Salazar. Además, apoyó a quienes instan a aprender del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y en especial de las acciones emprendidas en Venezuela y Ecuador.

Para Rafael Hernández el ámbito de posibles referencias debe ampliarse a las nociones aplicadas hoy en países socialistas como China y Viet Nam; en este último, “el modelo de debate instaurado en la Asamblea Nacional se parece mucho a lo que algunos han descrito aquí como deseable”. Una de las ideas finales del director de Temas me dejó pensando camino a casa: intentar establecer un Estado de derecho que satisfaga por igual a todas las personas, con independencia de sus concepciones políticas, religiosas, culturales, sexuales, muchas veces antagónicas, genera problemáticas para las cuales todavía no existen respuestas idóneas; sin embargo, no podemos eludir el asunto. De acuerdo, me dije; tal vez se trate de una utopía, pero es de las que merece perseverar en ella.

Autonomía, palabra de orden en la empresa estatal cubana

Por Laura Howland

Obligado a lograr incrementos en eficiencia y productividad que respondan a las urgencias de enrumbar el país hacia un mayor progreso, el sistema empresarial cubano está apremiado de ganar en autonomía para manejar los recursos propios y contribuir a un mercado nacional en el cual la demanda sigue siendo mayor que la oferta, y se hace difícil dar respuesta a las acumuladas y cada vez más crecientes necesidades.

Muchos avatares ha sobrellevado la empresa estatal cubana en los últimos tiempos, al punto de llegar a ser poco competitiva a partir de una deformada estructura sectorial que, ante la urgencia de agudas crisis y el reto de la supervivencia, ha padecido, entre otros males, de excesiva verticalización, insuficientes encadenamientos productivos, así como inversiones más inclinadas a favorecer los servicios y el comercio que las industrias o el sector manufacturero de la economía, vitales en la generación de bienes y en la cifra de ocupados laboralmente.

Y aunque esas circunstancias han contribuido a marcar al sector empresarial con cierta estela de ineficiencia, lo cierto es que en función del buen desempeño del mismo se centran hoy muchas de las esperanzas del proyecto con el que se busca renovar y actualizar el modelo socialista adoptado por la Mayor de las Antillas.

Porque la larga lista de dificultades y restricciones que ha incidido en el devenir de las empresas del patio parece contar ahora con un buen paliativo y fuerza de empuje, a partir de un grupo de normativas recién aprobadas con las que se flexibiliza bastante la actividad empresarial.

Valoradas el año pasado por el propio Consejo de Ministros de Cuba, las directivas para el proceso de elaboración del plan y el presupuesto 2014, contienen además un conjunto de medidas favorables con el desarrollo de la empresa socialista, que se han venido publicando de forma escalonada y paulatinamente por diferentes Organismos de la Administración Central del Estado (OACEs).

Entre las disposiciones que se presentan, se encuentran las dictadas por el Ministerio de Economía y Planificación, referentes a la flexibilización de los objetos sociales de las empresas, lo que les permite solo fijar la actividad fundamental que las identifica (productivas, comerciales y servicios), sin definir moneda y destino, y dando facultad al director de la entidad para decidir otras acciones secundarias derivadas y de apoyo que puedan asumir, aprovechando eficientemente sus potencialidades.

Se señala además en las Indicaciones Metodológicas para la elaboración del plan 2014, un sistema de indicadores directivos más reducido para medir el desempeño de las empresas: encargo estatal, ventas netas totales y por exportación, utilidad del período, rotación del capital de trabajo, aporte por el rendimiento de la inversión estatal y en CUC (este último, mientras exista dualidad monetaria).

En cuanto al encargo estatal, por ejemplo, se autorizó que, una vez cumplido este, la entidad podrá comercializar sus excedentes por eficiencia a precios fijados por correlación entre la oferta y la demanda, o por comparables de acuerdo con el mercado (es potestad del director aprobar este importe).

Otro elemento significativo resulta que el Plan de las empresas ahora se aprueba por el Presidente de la Organización Superior de Dirección (OSDE) o Grupos Empresariales; antes era aprobado por el ministro de la rama a la que pertenecía la entidad en cuestión, o por el presidente del Consejo de la Administración Provincial, si el centro era de subordinación local.

Se definió asimismo un monto para el resto de las inversiones que son de aprobación de las OSDE, las cuales deciden cómo distribuirlo a sus entidades, aunque el director en cada una de estas podrá suscribir las que se presenten como imprevistos, siempre que estén dentro de lo pactado (con anterioridad esto se concentraba en el Organismo Central).

Se trata de una decisión que responde a la separación de las funciones estatales y empresariales, pues anteriormente muchas disposiciones se realizaban por los organismos sin dar participación al sistema empresarial, lo cual atenta contra el buen desempeño de ambos, ya que se diluye la responsabilidad y la facultad que tiene cada quien.
DIGNIFICAR EL SALARIO

Según funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en lo concerniente al salario, lo esencial es que se eliminan las restricciones para su formación, el cual estará en correspondencia con el cumplimiento de los indicadores directivos y del resultado de la actividad.

Ello parte del reconocimiento, en el proceso de actualización del modelo económico y social, de que el actual sistema salarial no garantiza que el trabajador reciba su sueldo según su aporte a la sociedad, ni que este satisfaga todas las necesidades de él y su familia, lo cual genera desmotivación laboral.

Se han evaluado, por otro lado, los efectos negativos que provocaría determinar un aumento generalizado de los salarios en el sector estatal, sin estar debidamente respaldado por un incremento suficiente de la oferta de bienes y servicios.

Es justo pues que, en el sistema empresarial el salario se determine a partir de su vinculación a los resultados, con el propósito de perfeccionar esos mecanismos para propiciar el incremento de la productividad del trabajo; ello se ilustra en la modificación de las facultades para la aprobación de los sistemas de vinculación del salario a los resultados (antes solo era potestad de los ministros, jefes de entidades nacionales, presidentes de los consejos de administración y directores de empresas en perfeccionamiento empresarial).

Otro punto favorable es la eliminación de las restricciones administrativas relacionadas con los límites, la formación y la distribución del salario por rendimiento (anteriormente se establecían límites a la remuneración asociada al cumplimiento del plan y hasta un 30 % para los trabajadores no vinculados directamente a la producción y los servicios).

Y hoy los límites desaparecen, pues el nivel del salario de los trabajadores en la empresa dependerá sólo de los resultados que obtengan, en correspondencia con el cumplimiento de los indicadores directivos aprobados y su distribución a partir del aporte individual y colectivo (todo ello previo acuerdo con el sindicato).

Se entiende también que los recursos financieros destinados al salario de los trabajadores de la empresa se obtienen a partir del nuevo valor creado, de acuerdo con el cumplimiento del principio de sustentabilidad económica.

Todo ello exige a las entidades “desplegar las reservas de productividad que hoy existen, asociadas a problemas en la organización, la racionalidad, la disciplina, al control, la creatividad, pero, sobre todo, a la capacidad, inteligencia y preparación de directivos, ejecutivos y trabajadores en la implementación de todas estas medidas de manera integral”.
UNA EMPRESA SUSTENTABLE


Crean condiciones para la instauración de un modelo único de gestión y dirección que tenga como colofón para 2015-2016, una Ley de empresas en nuestro país.

En la esfera financiera y presupuestaria, el ministerio del ramo ha emitido varias resoluciones, como la asociada a la formación de precios del excedente del encargo estatal y la aprobación de un nuevo sistema de relaciones para las entidades, que incluye varios acápites, como el tratamiento a la creación de reservas y provisiones, los tributos e impuestos, la distribución de las Utilidades, el financiamiento de las inversiones y de las OSDE y el tratamiento a las pérdidas

Modificaciones todas que están en función de contribuir al fortalecimiento de la empresa estatal, y entre las que se cita la retención de hasta el 50% de la utilidad después de impuestos (hasta 2013 solo alcanzaba el 30%), deducido el monto para incrementar la Reserva para Pérdidas y Contingencias, con el fin de constituir fondos voluntarios.

Esta medida permite a las empresas estatales disponer de mayor liquidez y ampliar su capacidad de constituir reservas para financiar gastos de capacitación, desarrollo e investigaciones, pérdidas contables de años anteriores, amortizar créditos para inversiones e incrementar su capital de trabajo, entre otros.

Se incluye una reserva para el pago por la eficiencia económica de los trabajadores, lo que conduce a una participación efectiva de los mismos en la distribución de utilidades (la cuantía a otorgar por cada persona puede ser el equivalente de hasta tres salarios mensuales).

La distribución del estímulo no es igualitaria y está en correspondencia con el tiempo real trabajado, la complejidad y responsabilidad de las tareas asumidas y el aporte realizado por cada quien, aseguran especialistas en el tema, quienes proponen en este sentido, por ejemplo, emplear mecanismos para que quien más aporte sea quien más gane (Coeficiente de Participación Laboral u otros).

No está preestablecida la prioridad en la utilización y cuantía de las reservas voluntarias y, las no empleadas no tienen que aportarse al Presupuesto del Estado y se acumulan para un próximo período.

Otra novedad es que, como parte de las reservas voluntarias, se puede constituir un fondo de compensación a nivel de las OSDE para cubrir desbalances financieros temporales de las entidades y las sociedades mercantiles que la integran. Ello permite que las empresas no vean interrumpido su ciclo de reaprovisionamiento por déficits coyunturales de su flujo de caja.

Beneficioso será también para la liquidez de las empresas estatales, que a partir de este año, no aportan la depreciación ni la amortización de los activos fijos tangibles e intangibles, ni la amortización de gastos diferidos a largo plazo. Esos recursos los destinan a financiar las inversiones, el reequipamiento, la modernización y otros destinos, según los intereses que determinen para su desarrollo y la ampliación de sus actividades.

Se adopta además la decisión de facultar a los jefes máximos de las empresas, a aprobar los precios mayoristas para la venta de las producciones que constituyen excedentes del encargo estatal, según la correlación entre la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el mercado y cubriendo todos los costos, gastos y compromisos tributarios.

Ello permitirá que las empresas estatales puedan obtener ingresos adicionales, cuando logran producir eficientemente y alcanzar niveles productivos que excedan los compromisos previamente establecidos con el Estado.

A la par, se perfeccionan los organismos y organizaciones centrales del Estado, se renuevan estructuras y crean las OSDE fortalecidas; se aplica, para su paulatina generalización, la separación de las funciones estatales de las empresariales y se ejecuta un gran experimento social y económico, con profundos cambios en las provincias de Artemisa y Mayabeque, laboratorios que involucran hasta las entidades de subordinación local.

Muy sabias fueron las conclusiones sobre el tema aportadas en reciente comparecencia televisiva por Grisel Tristá Arbesú, jefa del Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, quien aseguró que este proceso recién comienza, se debe aplicar escalonadamente y caracterizarse por la capacitación a dirigentes y trabajadores de todos los niveles.

“Requiere –dijo- mayor responsabilidad y conlleva la evaluación consecuente de cada paso, pues los cambios deben contar con el tiempo de maduración de estas medidas, a lo que se suma el compromiso del empresariado a enfrentar con rigor y mucha sabiduría, sin apresuramientos, la implementación de este modelo único de gestión y dirección, como un proceso gradual de descentralización de facultades.”

Precisó que hoy conviven en el país entidades que aplican el Perfeccionamiento y otras que no; las primeras están en mejores condiciones para asumir las transformaciones, pues se encuentran más entrenadas para organizarse en función del incremento de la eficiencia, a fuerza de mejor control y mayores resultados.

Se anunció asimismo que para 2015- 2016, Cuba debe estrenar una Ley de empresas, que resultará vital para completar de forma integral todo este ordenamiento normativo y jurídico, en su ruta necesaria hacia la renovación económica.- See more at: http://www.cubacontemporanea.com/noticias/autonomia-palabra-de-orden-en-la-empresa-estatal-cubana#sthash.EgOAm56M.dpuf
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